Un paso atrás en la protección de los animales en Cantabria
“Es necesario un compromiso más firme por parte de las autoridades y la sociedad en general para así poder asegurar que las leyes se cumplan y que los animales reciban el cuidado y el respeto que merecen”, Natasia Castañeda
El antiguo consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, presentó el 21 de enero de 2021 un anteproyecto de ley de protección y bienestar animal para sustituir la actual normativa que lleva vigente desde 1992 y que se encuentra “totalmente obsoleta”, según ha confirmado el diario de la salud animal Animal´s Health.
“Se trata de una ley muy demandada por la sociedad, por los colectivos de protección y bienestar animal, y también por este Gobierno” subrayaba el antiguo consejero, quien matiza que este anteproyecto “todavía tiene que enriquecerse”. Pero lo más importante es que “esta ley no es una ley que impone ni es una ley restrictiva, es una ley que incide en la conciencia y llegar a esos objetivos tiene que darse a través de una evolución. No es una ley radical”.
A su vez, esta ley incluye medidas en cuanto al “sacrificio de animales criados para la obtención de productos útiles para el hombre”, “desplazamientos”, prohibiciones en “el uso de animales en espectáculos y otras actividades”, etc.
La ley original se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de mayo de 1992 (Ley 3/1992, de 18 de marzo, de Proteción de los Animales en la Comunidad Autónoma de Cantabria) con el objetivo de lograr una protección de los animales en la comunidad y establecer las obligaciones pertinentes para que los dueños mantengan a sus mascotas en buenas condiciones higiénicas y sanitarias.
Pero ante las actuales preocupaciones de la sociedad respecto a la ley de bienestar animal, el Gobierno de Cantabria trabaja desde principios de septiembre de 2023 por la implantación de las medidas que le competen dentro de la ley promovida por el gobierno central: “A pesar de que entra en vigor el próximo 29 de septiembre, hay que decir que muchos aspectos respecto a su aplicación están pendientes de poder aplicar, ya que la propia ley indica que requieren un desarrollo reglamentario que todavía no se ha producido”, explicaronn a EFE fuentes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Sin embargo, no se han hecho posibles las modificaciones que Blanco promovía en su anterior legislatura.
Implantación de la ley de bienestar animal en Cantabria
Este medio ha tenido la oportunidad de contar con las declaraciones de Natasia Castañeda, una cuidadora de colonias felinas en Santiago de Cartes, quien se ocupa de alimentar a los gatos, estar pendiente de la salud de la colonia, controlar la natalidad y buscarles un hogar.
Bajo su punto de vista, la ley de bienestar animal es necesaria “para proteger a los animales y así garantizar su dignidad y cuidado adecuados”. Sin embargo, no está de acuerdo con la manera en que se está implantando en Cantabria, pues “existen casos de maltrato animal, sobre todo hacia los gatos callejeros”, además destaca la falta de protección ya que hay personas que se dedican a atropellar gatos con sus vehículos, y otros que incitan a sus perros a preseguirlos.
Por otro lado, Natasia considera que en la práctica, la ley de bienestar animal “deja mucho que desear” ya que falta una “aplicación efectiva, supervisión y sanciones contundentes ante casos de maltrato y abandono hacen que la protección real de los animales en la región sea insuficiente”. Por ello, “es necesario un compromiso más firme por parte de las autoridades y la sociedad en general para así poder asegurar que las leyes se cumplan y que los animales reciban el cuidado y el respeto que merecen”.
Como nos contaba, la protección de los animales en la región podría mejorar a través de la educación de la sociedad con campañas de concienciación, además de ser necesario el fortalecimiento de las leyes existentes y aplicando las sanciones adecuadas.
Por último, destacaba la gran importancia de “promover la adopción responsable, la esterilización, la identificación mediante el microchip y fomentar programas de atención veterinaria que sean accesibles para todo tipo de públicos”.
Mientras tanto, Paula Abascal, responsable del refugio canino de Torres, lleva siendo voluntaria del centro desde que comenzó hace 13 años, y a lo largo de su trayectoria han podido llevar a cabo este proyecto gracias a los socios y padrinos que pagan una cuota anual, pero también con las subvenciones del Ayuntamiento de Torrelavega y del Gobierno de Cantabria.
A pesar del lado positivo de este proyecto, que es el factor humano, existen mayores puntos negativos, como puede ser el maltrato animal y el abandono. Y en contraste con el punto de vista de Natasia, Paula considera que en Cantabria “no nos podemos quejar, pero el principal problema es que hay gente que ni siquiera lo ve como un maltrato”. Sin embargo, el principal problema reside en que las denuncias por maltrato no llegan a nada pues no puede demostrarse que lo denunciado es cierto, por lo que “no hay una acción clara por parte de las instituciones o de las autoridades”.
Sin embargo, más del 70% de los ayuntamientos de la región carecen de medios para cumplir con la ley de bienestar animal según el antiguo consejero de Desarrollo Rural. Ante sus propias palabras, Blanco ha reivindicado la necesidad de colaboración entre administraciones y destacado la dificultad que supone armonizar la nueva ley con las ordenanzas municipales que regulan la protección de los animales.
Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales
El objetivo de esta ley es “regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad”. Así lo recoge el BOE, el cual destaca que dicha ley recoge los mecanismos legales necesarios para “fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de animales en nuestro páis” con la finalidad de “alcanzar la máxima protección de los derechos y el bienestar de los animales”.
Con la entrada en vigor de esta ley, solo se consideran animales de compañía los perros, gatos y hurones. Mientras que los demás animales “quedan en un limbo, existiendo un periodo de tiempo para ser incluidos”, según ha señalado la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria.
Además, una de las principales novedades que ha presentado esta ley es la necesidad de formación obligatoria para aquellos que van a tener un animal doméstico por primera vez. Además, es imprescindible disponer de un seguro de responsabilidad civil para quienes tengan perros y la esterilización de los gatos.
Y, según Cantabria directa, existen 10 claves principales de esta ley:
- “Prohibición de dejar solo a un animal de compañía más de 3 días, 1 día en el caso de los perros”.
- “La venta de perros, gatos y hurones solo podrá hacerse por criadores autorizados, sin la intervención de mediadores”.
- “Se mantiene la clasificación de razas potencialmente peligrosas”.
- “Queda terminantemente prohibido el sacrificio de animales por razones económicas”.
- “Esterilización obligatoria de todos los gatos a partir del medio año de vida”.
- “Obligación de la identificación de gatos y hurones, al igual que los perros, a través de microchip”.
- “Curso de formación obligatorio para la tendencia responsable de perros, cuyo contenido está pendiente de definir”.
- “Contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil para perros”.
- “Elaboración futura de un listado de mascotas que pueden tenerse en casa”.
- “Los perros dedicados a labores específicas, como caza, pastoreo o fuerzas de seguridad, quedan fuera de esta nueva ley”.
Así mismo, se ha establecido un régimen sancionador en función del daño infringido sobre el animal:
- Infracción leve → acciones u omisiones de prohibiciones, cuidados u obligaciones, lo cual se castigará con una multa desde 500 hasta 10.000 euros.
- Infracción grave → impartir daño o sufrimiento animal, lo cual se castigará con una multa desde 10.001 hasta 50.000 euros.
- Infracción muy grave → muerte de un animal debido al incumplimiento de la ley y que no sea un delito, lo cual se castigará con una multa desde 50.001 hasta 200.000 euros.